Durante los primeros meses de 1957 el pequeño grupo guerrillero se mantuvo precariamente con escaso apoyo de la población rural en la zona, con poca disciplina militar, albergando infiltrados, acosados por una red de espías campesinos (chivatos) y por las tropas del gobierno. El propio Soler calificó la operación como un «pelotazo» urbanístico favorable para el Valencia, pero la oposición al alcalde de Ribarroja del Turia y la plataforma vecinal ecologista «Salvem Porxinos» (Salvemos Porchinos) rechazaron la viabilidad y legalidad del plan y lo llevaron ante el Tribunal Superior de Justicia.
